Honduras sin presidente electo y en medio de una crisis institucional avivada desde el poder. Xiomara Castro, presidenta saliente, ha declarado que no reconocerán los resultados. Por Ignacio Rodrigo. DDC.

Xiomara Castro, presidenta saliente, ha declarado que no reconocerán los resultados.

Honduras arriba a dos semanas de incertidumbre y tensión política tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. La no proclamación de un ganador, una ralentización institucional inexplicable en el conteo de votos y llamados incendiarios desde los principales poderes públicos cooptados por el expresidente Manuel Zelaya, conforman un coctel de efectos impredecibles para el país centroamericano.

Hasta este viernes en Tegucigalpa el Consejo Nacional Electoral (CNE) no informaba oficialmente sobre un ganador de los comicios, pero tampoco presentaba un horizonte de tiempo para concluir lo que ha sido un conteo de votos cabeza a cabeza entre los dos candidatos que están en las antípodas del "zelayismo", la corriente de izquierda que cobró fuerza en Honduras tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Zelaya en 2009.

Con el 99,4% de los votos, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, tiene una ventaja de apenas 42.000 votos sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal). La candidata de Zelaya, Rixi Moncada (Libre) quedó en un tercer y lejano lugar. Nasralla ha sostenido que deben recontarse actas en diversos centros, que involucrarían a unos 500.000 votos.

Tras la sonora derrota de Moncada, la presidenta saliente Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, y el presidente del Congreso, Luis Redondo, un fiel colaborador del expresidente, han declarado públicamente que no reconocerán los resultados y han convocado a la población a rechazar la validez de los comicios.

El CNE ha informado que el retraso se debe a fallas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), problemas de conectividad en zonas rurales y la necesidad de realizar conteos especiales centenares de mesas. Esta falta de resultados ha sido terreno fértil para la narrativa gubernamental de desconocer todo el proceso, con lo cual Castro podría extender su mandato temporalmente, hasta que se celebren nuevas elecciones o el propio Redondo asuma una presidencia "interina".

Las misiones de observación, tanto de la Unión Europea como de la Organización de Estados Americanos (OEA), han admitido dificultades "técnicas y logísticas", sin evidencia de alteración sistemática del voto. Es decir, los observadores internacionales no han percibido un fraude o irregularidades sistemáticas y masivas en las elecciones que se realizaron el 30 de noviembre.

El pasado 9 de diciembre, la presidenta Castro compareció en cadena nacional de radio y televisión para denunciar "un golpe electoral en curso" y que los resultados preliminares "están viciados de nulidad". En la misma intervención solicitó a los ciudadanos "no considerar válidas estas elecciones".

Dos días después, el 11 de diciembre, el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, aprobó una resolución de la Comisión Permanente en la que se declara que el proceso del 30 de noviembre "debe ser declarado nulo" y que el Legislativo "no validará" los comicios.

Tal como reseñó DIARIO DE CUBA a inicios de noviembre, Zelaya y sus acólitos en distintas instancias públicas prepararon un plan para no dejar el poder ante lo que ya se configuraba como la derrota de la candidata de izquierdas.

Tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien abiertamente llamó a votar por Asfura, Zelaya ha tomado la bandera contra el intervencionismo para demandar la nulidad de las elecciones.

El expresidente ha reiterado en entrevistas y publicaciones en redes sociales que los resultados son producto de "una intervención extranjera" y de "manipulación del TREP". En X escribe mensajes de este tenor: "El imperio yanqui y sus operadores locales no permitirán que el pueblo decida".

El 10 de diciembre, en declaraciones a France 24, Zelaya afirmó que el CNE fue "saboteado" y llamó a la militancia a "movilizarse pacíficamente" para "defender la voluntad popular". Estas declaraciones han generado un clima de incertidumbre. En Tegucigalpa y San Pedro Sula se han registrado bloqueos de vías por parte de simpatizantes de Libre, mientras que en zonas donde predominó el voto por Asfura han ocurrido contramanifestaciones.

La Policía Nacional reportó 22 detenciones y 18 heridos entre el 8 y el 11 de diciembre. El Banco Central de Honduras informó una depreciación del 2,8 % del lempira frente al dólar en la última semana y una caída del 12% en la actividad bursátil.

Los observadores internacionales han sido claros respecto a la ausencia de fraude generalizado, pero Zelaya, Castro y Redondo parecen jugar a incentivar el caos.

La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), que brindó asistencia técnica al CNE, indicó que las fallas del TREP se deben a infraestructura obsoleta y falta de mantenimiento.

Oliver Erazo, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señaló que "el Gobierno de Xiomara Castro tuvo cuatro años para modernizar el sistema electoral y designó a los actuales consejeros del CNE. Ahora, al enfrentar una derrota previsible, opta por desconocer el proceso en lugar de presentar pruebas concretas ante las instancias correspondientes. Esta actitud debilita la institucionalidad y expone al país a un riesgo innecesario de conflicto".

Mynor Alonzo, consultor electoral con experiencia en misiones de la OEA en Centroamérica, sostiene que "el discurso de fraude sin sustento técnico recuerda estrategias utilizadas en otros países de la región para justificar la permanencia en el poder".

Estos y otros análisis coinciden en la necesidad de no prolongar la incertidumbre, por las consecuencias sociales que esta indefinición política podría tener entre los hondureños.

El Gobierno de Castro asumió en enero de 2022 con la promesa de refundar el país para dar respuesta a las propuestas que quedaron truncas tras el golpe de Estado de 2009 que derrocó a Manuel Zelaya.

Sin embargo, durante su gestión la pobreza extrema aumentó del 38% al 42% según el Instituto Nacional de Estadística, la deuda pública creció un 18% y varios funcionarios cercanos al matrimonio presidencial han sido señalados en casos de corrupción que no han avanzado en los tribunales.

Manuel Zelaya, de 73 años, ha sido un actor central en la política hondureña en las últimas décadas. Desde su exilio forzado en 2009, cuando militares lo expulsaron del país por intentar una consulta popular sobre una Asamblea Constituyente, ha cultivado una imagen de mártir de la izquierda latinoamericana, teniendo amplio respaldo del chavismo en Caracas y en particular de Nicolás Maduro, que entonces era el canciller de Hugo Chávez.

El expresidente fue el blanco frecuente de críticas durante la campaña. Su influencia omnipresente en el Gobierno de Xiomara Castro, donde ocupa el rol de asesor presidencial y coordinador de Libre, ha sido calificada de "nepotismo descarado" por analistas y opositores.

Héctor Zelaya, hijo de la pareja, funge como secretario privado; José Manuel Zelaya, sobrino, como ministro de Defensa; y Carlos Zelaya, hermano del expresidente, como secretario del Congreso. Esta red familiar ha alimentado el eslogan opositor "Fuera el familión", que resuena como un veredicto popular contra lo que muchos vieron como un retorno al caudillismo personalista.