Prisoners Defenders - Vigilancia digital en Cuba: 'un sistema estructural, intencional y sostenido de control estatal'. Diario de Cuba./Video:Presentación del Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba.

Prisoners Defenders publica un análisis detallado a partir de 200 testimonios recientes y emite una serie de exigencias al régimen.

"La vigilancia digital en Cuba no constituye un conjunto de prácticas aisladas o excepcionales, sino un sistema estructural, intencional y sostenido de control estatal, orientado a restringir el ejercicio de derechos fundamentales y a neutralizar el disenso político y social", afirmó la ONG Prisoners Defenders, que este martes publicó un Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba.

El análisis, hecho a partir de 200 declaraciones recogidas entre el 28 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, da cuenta de "un aparato de control y coerción digital centralizado".

Así, "el 98,50% ha sido sancionado (penalmente, administrativamente o de facto), citado o amenazado, o bien él mismo o su familia, en relación con sus publicaciones y/o comunicaciones telefónicas o digitales", dijo la organización.

"El 88% de los declarantes/denunciantes manifiestan que las autoridades cubanas mencionaron o reprocharon sus publicaciones o mensajes digitales como causa de procesos de citación, detención e interrogatorios", indicó, al tiempo que "el 46,50% de los declarantes/denunciantes declaró que sus comunicaciones privadas de mensajería fueron intervenidas", agregó.

De igual forma, el 77,50% reportó cortes selectivos de Internet personalizados, mientras que el 63% reportó bloqueos selectivos de servicios diversos de mensajería y/o páginas web, a las que no se puede acceder en Cuba salvo mediante servicios de VPN.

"A pesar de que la muestra contiene un gran número de familias de presos políticos y activistas de derechos humanos, los más resilientes a la represión, el 55,50% reportó haber modificado su comportamiento digital como respuesta a la vigilancia y a las represalias asociadas. En concreto, un 24% de los declarantes/denunciantes afirmó que dejó de publicar contenidos políticos por temor", enfatizó Prisoners Defenders.

Así, la organización identificó "un modelo integral de vigilancia y represión, caracterizado por la convergencia de mecanismos tecnológicos de monitoreo y control del entorno digital", así como por "un marco normativo ambiguo y punitivo, ausencia de garantías judiciales efectivas y un uso instrumental del derecho administrativo y penal".

De igual forma, es apreciable "una articulación directa entre vigilancia digital y represión física", como parte de un sistema que "opera de forma acumulativa, generando un efecto inhibidor estructural sobre la libertad de expresión, la participación política y el acceso a la información, tanto dentro como fuera del territorio cubano", resaltó la organización de derechos humanos.

Asimismo, Prisoners Defenders destacó que "el monitoreo de redes sociales, mensajes privados y comunicaciones digitales se realiza sin base legal clara, sin autorización judicial independiente y sin control posterior, vulnerando de forma directa el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión".

"Los bloqueos de Internet, la degradación deliberada del servicio y la restricción del uso de VPN constituyen mecanismos de censura indirecta, utilizados de manera selectiva en contextos de movilización social o circulación de información crítica", agregó, al tiempo que denunció que "las represalias contra familiares y la vigilancia transnacional evidencian una estrategia de coerción indirecta".

"La brecha digital estructural y el monopolio estatal de las telecomunicaciones no son meras deficiencias técnicas, sino elementos funcionales del sistema de control, que limitan el acceso a la información y refuerzan la dependencia del Estado", indicó además la organización.

En consecuencia, Prisoners Defenders emitió una serie de "recomendaciones al Estado cubano". "Cesar de inmediato las prácticas de vigilancia digital arbitraria, incluyendo el monitoreo de redes sociales, la interceptación de comunicaciones y el acceso no autorizado a dispositivos", es la principal de ellas.

De igual forma, solicitó "derogar o reformar de manera sustancial el Decreto-Ley 370, eliminando disposiciones vagas o incompatibles con la libertad de expresión, y garantizando criterios claros de legalidad, control judicial previo y recursos efectivos contra sanciones". Asimismo, la organización pidió al régimen cubano "revisar el Código Penal, en particular las figuras relacionadas con propaganda, orden constitucional y difusión de información".

Por otra parte, Prisoners Defenders recomendó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "examine de manera específica la situación de la vigilancia digital en Cuba, en el marco de sus resoluciones sobre libertad de expresión y privacidad". Demandó, además, "que los Relatores Especiales sobre libertad de expresión, privacidad y defensores de derechos humanos soliciten información formal al Estado cubano sobre prácticas de vigilancia, uso de tecnologías de interceptación y aplicación del Decreto-Ley 370".

De igual manera, la ONG pidió al conjunto de la comunidad internacional "abstenerse de suministrar tecnologías de vigilancia o espionaje que puedan ser utilizadas para reprimir derechos humanos".