Activistas piden a Canadá liderar una respuesta internacional para una apertura real en Cuba. Diario de Cuba.+ VIDEO en inglés.

Un informe internacional presiona a Ottawa para sancionar al régimen cubano por la represión en la Isla.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó al Gobierno de Canadá que participe en "una respuesta internacional coordinada" para promover "una apertura económica y política real" en Cuba, durante una comparecencia ante el Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes.

En la sesión, celebrada el 26 de febrero en Ottawa, Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, afirmó que "solo un cambio estructural, y no cosmético, permitirá al pueblo cubano recuperar la esperanza y construir su propio futuro".

Ayuda directa y reforma del régimen laboral

Cires pidió que cualquier asistencia humanitaria destinada a la Isla sea entregada directamente a la población, con énfasis en los sectores más vulnerables, y canalizada a través de iglesias y organizaciones independientes de la sociedad civil, con el fin de "asegurar su entrega efectiva".

Esta misma semana, el Gobierno canadiense anunció el envío de 5,8 millones de dólares en ayuda humanitaria para la compra de alimentos.

Asimismo, Cires instó a Canadá y a otros países inversores a exigir cambios en el régimen laboral que rige la inversión extranjera en Cuba. Según explicó, el modelo vigente impide la contratación directa de trabajadores por parte de empresas extranjeras y obliga a utilizar entidades empleadoras estatales que retienen hasta el 90% de los salarios.

Durante su intervención, recordó que más de 800 personas permanecen encarceladas por motivos de conciencia en Cuba y sostuvo que la actual crisis económica y política tiene causas estructurales. "No hablamos de una crisis coyuntural o temporal", afirmó, sino de las consecuencias de un modelo de economía planificada que concentra la mayoría de los medios de producción en manos del Estado y limita la libertad económica y social.

En la primera parte del debate parlamentario celebrada el martes 24 de febrero, el embajador del régimen en Ottawa, Rodrigo Malmierca Díaz, atribuyó la crisis al embargo de Estados Unidos y las nuevas medidas de presión de la Administración de Donald Trump que calificó como un "bloqueo petrolero".

Audiencia parlamentaria y posición de la sociedad civil

A la audiencia parlamentaria también fueron invitados a testificar representantes de la sociedad civil cubana en Canadá. Entre ellos, Raimet Martínez, presidente de la Coalición Cubano-Canadiense, quien sostuvo ante los legisladores que la crisis humanitaria en la Isla no es consecuencia de decisiones recientes de Washington, sino de "67 años de un sistema" que ha llevado al país al colapso económico e institucional.

Martínez también defendió que cualquier ayuda humanitaria debe canalizarse a través de organizaciones independientes y pidió al Gobierno canadiense que promueva la liberación de los presos políticos y elecciones libres supervisadas internacionalmente, reportó El Toque.

En la audiencia participaron, además, John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, y Carolina Barrero Ferrer, presidenta de la plataforma Ciudadanía y Libertad.

Canadá es un actor relevante para la economía cubana. Antes de la pandemia, más de un millón de turistas canadienses visitaban anualmente la Isla y empresas como Sherritt International han mantenido presencia estratégica en el sector minero, especialmente en la explotación de níquel y cobalto.

La audiencia en la Cámara de los Comunes se produce en un contexto en el que organizaciones del exilio y de la sociedad civil insisten en que la superación de la crisis económica y social en la Isla está vinculada a cambios políticos y económicos de fondo.

Presión para sancionar al régimen cubano por la represión interna

Un informe publicado por The Bureau, en colaboración con el Macdonald-Laurier Institute, Democratic Spaces y Human Rights Action Group instó al Gobierno de Canadá a imponer sanciones dirigidas contra funcionarios del régimen cubano, citando su implicación en la represión interna y su cooperación con potencias autoritarias como Rusia, China y Venezuela.

El reporte "Canada’s Friendly Dictatorship Problem", parte del estudio Cuba and the Authoritarian Nexus, señala que Ottawa mantiene una política "incoherente" al sancionar a figuras de otros regímenes autoritarios, pero no aplicar medidas similares contra dirigentes cubanos, pese a décadas de denuncias por violaciones de derechos humanos.

Los autores destacan que Cuba forma parte de una red de alianzas autoritarias con cooperación en inteligencia, entrenamiento militar y tecnología de vigilancia. El documento recuerda además que, en la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, 32 militares cubanos murieron mientras protegían al dictador venezolano Nicolás Maduro, lo que evidencia, según el informe, la implicación directa de La Habana en la estructura de seguridad chavista.

En su análisis del régimen político interno, los investigadores subrayan que Cuba mantiene un sistema de partido único sin oposición legal y citan cifras de al menos 1.192 presos políticos hasta diciembre de 2025, junto a denuncias de torturas, aislamiento prolongado y muertes bajo custodia.

El reporte cuestiona por qué Canadá ha sancionado a 124 venezolanos y a funcionarios de otros regímenes pero no ha aplicado medidas bajo su Ley de Medidas Económicas Especiales contra ningún dirigente cubano. También critica que el canal estatal Cubavisión Internacional se transmita en Canadá, mientras que emisoras rusas como RT fueron prohibidas tras la invasión de Ucrania, y apunta a una falta de contacto de la embajada canadiense en La Habana con activistas y opositores cubanos.

Entre las recomendaciones, se propone implementar sanciones selectivas contra responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba, fortalecer el apoyo a la sociedad civil independiente y alinear la política canadiense hacia la Isla con los principios de democracia y estado de derecho que Ottawa dice defender.

El informe subraya que mantener relaciones sin consecuencias frente a la represión en Cuba podría debilitar la credibilidad internacional de Canadá y dejar sin respaldo efectivo a los ciudadanos cubanos que reclaman libertades políticas.