Más que cerrar y marcharse, las empresas españolas se preguntan cómo seguir en Cuba. 14ymedio.

Los inversores sopesan sus negocios en Estados Unidos y si les compensa abandonar la Isla para preservar sus intereses allí o no

Las empresas españolas con presencia en Cuba analizan cómo quedarse en la Isla desde que EE UU aprobó nuevas sanciones contra bancos y empresas extranjeras en sectores económicos clave de la economía cubana. Las que llevan poco tiempo son las que podrían reducir o suspender su presencia, pero las que hace décadas que tienen fuerte implantación en el país estudian simplemente la mejor manera de seguir, según la doctora en derecho Fátima Rodríguez, responsable del área penal del despacho de abogados Lupicinio International Law Firm.

En una entrevista con el medio español Artículo14, la especialista cuenta el trabajo que su despacho está realizando en las últimas semanas para responder a las dudas de sus clientes. Lupicinio es una de las firmas con mayor experiencia en España en sanciones internacionales –con cuarenta años de especialización en Cuba–, aunque Rodríguez afirma que la mayor preocupación actual para los empresarios no es tanto la mera orden ejecutiva, sino su escasa concreción. “Esa combinación de extraterritorialidad y ambigüedad normativa hace que una decisión adoptada en Washington pueda dejar en el aire contratos, inversiones o líneas de financiación que llevaban años funcionando sin problema”, explica.

En lo que ha observado desde que se anunciaron las nuevas sanciones, la abogada ve tres grupos diferenciados. El primero sería el de quienes tienen una exposición reciente o escasa. “Están claramente en modo repliegue: congelan nuevas inversiones, reducen operaciones y, en paralelo, diseñan escenarios de salida ordenada si el riesgo regulatorio sigue escalando”, explica. El siguiente sería el de quienes tienen negocios en áreas sancionadas de manera expresa –energía, defensa, minería y los servicios financieros–: para ellos, expone, “Cuba empieza a competir en un ranking interno de ‘países difíciles’ donde, a veces, no es el que gana”.

Por último estarían las compañías que llevan muchos años con fuertes negocios en Cuba –aunque no la menciona, el paradigma es Meliá y otras hoteleras– “Más que cerrar y marcharse, se preguntan cómo seguir, pero de otra forma: reduciendo exposición a sectores especialmente sensibles, compartiendo riesgo con socios locales o de terceros países o concentrándose en actividades claramente amparadas por excepciones humanitarias. Internamente, las conversaciones han dejado de girar en torno a si quedarse o no, y se centran en qué condiciones es responsable seguir”.

Rodríguez afirma que algunos inversores también tienen que sopesar sus negocios en Estados Unidos y si les compensa abandonar la Isla para preservar sus intereses allí o no. La abogada señala que los empresarios españoles están analizando fríamente los riesgos, centrados sobre todo en con quiénes están asociados en la Isla y añade que la mayor preocupación que expresan es si las sanciones les afectarán en el plano financiero internacional. “El temor ya no se limita a recibir una multa, sino a quedar catalogados internamente por bancos y proveedores globales como un cliente de ‘alto riesgo vinculado a Cuba’, lo que puede traducirse en cierres de cuentas, cancelación de pólizas, restricción de crédito y un escrutinio mucho más intenso de cualquier operación, por muy lícita que sea desde el punto de vista jurídico”, resume.

Desde su despacho, cuenta, los trabajos que se están haciendo tienen dos dimensiones. Por un lado, el trabajo técnico sobre qué se puede y qué no, rediseños de contratos, estructuras o cadenas logísticas para adecuarse a las nuevas exigencias. Por otro, el que califica de humano, “acompañar a la dirección local y a los equipos de negocio en decisiones difíciles, en las que hay que equilibrar la responsabilidad frente a la matriz con el compromiso con el país y con los propios trabajadores cubanos”.

El foco está puesto, sostiene, en asegurarse lo máximo posible de que no hay conexiones con sectores y personas de riesgo. “Están implementando políticas específicas para Cuba, mapas de riesgo por sectores, procesos de aprobación reforzados y sistemas de screening (cribado) que bloquean automáticamente operaciones con entidades o personas cercanas al entramado sancionado. A ello se suman procedimientos de due diligence (auditorías) más profundos y periódicos, así como informes de impacto”, indica.

Esa prudencia es, dice, la primera línea de defensa ante una sanción, para poder demostrar que se vigiló y reaccionó con rapidez. “Marca, muchas veces, la diferencia entre una sanción ejemplarizante y una resolución más proporcionada”, destaca, y añade también las armas europeas con que cuentan las compañías nacionales, entre ellas el Estatuto de bloqueo, que permite dejar sin efecto normas de terceros países. “No son soluciones mágicas, pero sí recuerdan que las empresas no están completamente indefensas frente a decisiones unilaterales de terceros Estados”, agrega.

Aunque entre los sectores expresamente mencionados en la orden ejecutiva de mayo no está el turismo, Rodríguez recuerda que las sanciones que pesan directamente sobre otros –el energético en particular– repercuten en este y otros. “Si se estrangula el acceso a combustible, financiación y determinados insumos tecnológicos, no sólo se resienten esos sectores, sino toda la actividad que depende de ellos: desde el comercio minorista hasta la cadena de frío de alimentos o el funcionamiento de hospitales y escuelas”.

Hay proyectos, afirma, que ya era complicado financiar, pero ahora es imposible. “Bancos que antes aceptaban trabajar con determinadas excepciones empiezan a cerrar la puerta por puro temor a incumplir la orden ejecutiva. Y se genera un efecto dominó: proveedores que se retiran, seguros que no se renuevan, fletes que se encarecen o desaparecen y una creciente percepción de que cualquier actividad vinculada con esos sectores puede acabar contaminando el resto del negocio del grupo”, aduce.

Preguntada sobre si observan que hay movimientos de empresas estadounidenses preparando el terreno para invertir en Cuba, Rodríguez expresa una paradoja. “En un contexto como el actual, a primera vista resulta difícil imaginarlo (...). Sin embargo, cualquiera que conozca la historia de la relación bilateral sabe que el interés estratégico y económico por la Isla nunca ha desaparecido”. La abogada recuerda que hay licencias activas para la exportación de las que muchas empresas –alimentarias o de vehículos entre ellas– se benefician y que en un futuro esto podría multiplicarse.

“Más que movimientos visibles, lo que se percibe hoy –y lo que nos comentan los entornos empresariales– es una observación muy atenta: estudios de mercado, análisis de escenarios, contactos discretos y la convicción de que, si algún día se abre una ventana de normalización, nadie querrá quedarse fuera. La paradoja es que cuanto más dura es la sanción, más se refuerza esa lógica de ‘esperar preparados’, aunque el mensaje oficial siga siendo de máxima presión y no de apertura”.